Nos encontramos ante una crisis sanitaria global. La propagación del coronavirus COVID-19 en todo el planeta y su llegada a América Latina y el Caribe, ha impactado nuestras vidas y producido cambios radicales en nuestras formas de relacionamiento y convivencia. Más allá de las vidas que ha cobrado, y los efectos en la economía mundial, la pandemia devela las desigualdades sistémicas y estructurales que permanecen y caracterizan a la región.
La Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), desea expresar su solidaridad con las familias de las miles de víctimas de la pandemia en varios países del mundo y, particularmente, con aquellas de los países de nuestra región. De igual manera, nos solidarizamos con aquellas personas y familias que permanecen aisladas y en cuarentena voluntaria o forzada, en especial con con las y los trabajadores de salud y la policía, las mujeres que continúan realizando la mayor parte de las tareas de cuidado, las personas que trabajan en los centros de abastecimiento, en su mayoría mujeres, y las mujeres que se ven obligadas a salir a las calles para buscar el sustento diario de sus familias y que se encuentran más
expuestas al contagio.
La precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de la población, la insuficiente inversión pública en políticas de salud en nuestros países y las medidas desiguales de apoyo económico ante la crisis, se
han visto expuestas por la emergencia, mostrando las desiguales condiciones materiales en las que la mayoría de la población de América Latina y el Caribe debe enfrentar la pandemia.
Por otra parte, la restricción de movilidad y la cuarentena tienen un impacto directo en las condiciones de seguridad de mujeres y niñas, aumentando los índices de violencia de género y feminicidios, sin que se hayan tomado medidas de protección y, consecuentemente, fortaleciendo así la impunidad de los agresores.
Recordemos que los Estados son los principales garantes de los derechos humanos, y si bien este contexto se concentra en el derecho a la salud, es fundamental también asegurar la vigencia plena de todos los derechos humanos y de los valores democráticos.
La crisis sanitaria no puede constituirse en el pretexto para suspender las libertades y derechos fundamentales, como el acceso a la información pública y veraz sobre la evolución del virus en nuestros países y las medidas que se están tomando para luchar contra él, considerando los impactos diferenciados de la pandemia en la población más vulnerable.
Por todo ello, creemos que las acciones de respuesta al nuevo coronavirus deben ser concertadas por todos los actores sociales, y que requiere de todos los esfuerzos y la voluntad política de los Estados. Debemos exigir políticas de seguridad alimentaria post crisis sanitaria, políticas de apoyo económico diferenciado a sectores más vulnerables y, sobre todo, una mayor inversión en los sistemas de salud y educación pública.
Estamos seguras de que la solidaridad y la empatía son las mejores armas contra el virus y sus efectos diferenciados. En ese marco, reafirmamos nuestro compromiso por la promoción y exigibilidad de todos
los derechos humanos.
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